CCOO exige que concluyan los trabajos de la Mesa tripartita que estudia los módulos de conciertos para garantizar la gratuidad de la enseñanza

La Federación de Enseñanza de CCOO pide que, según estipula la disposición adicional 29ª de la LOE, se constituya la mesa tripartita, formada por representantes de las administraciones educativas, los sindicatos y las patronales del sector, para estudiar la adecuación de las partidas de los módulos de conciertos educativos, cuya metodología se definió en 1985, de forma que se asegurase la gratuidad real de la enseñanza. El establecimiento de dicha gratuidad implicaría la desaparición de las ayudas que los centros concertados suelen solicitar a las familias.

CCOO considera que el estudio que realice la mesa tripartita debe resolver también el estricto cumplimiento del artículo 117.4 de la LOE, relativo a la plena equiparación del profesorado de la enseñanza concertada con el de la enseñanza pública, ya que la base de las diferencias de coste existe simplemente a expensas de unas peores condiciones laborales. Asimismo debe procederse a la publicación de los módulos de conciertos en cada comunidad autónoma a fin de evitar la compleja situación actual que pone en peligro la negociación colectiva del sector. A este respecto es preciso recordar que el ámbito temporal del vigente convenio de la enseñanza concertada finalizó hace tres años.

La separación del coste por alumno entre centros públicos y concertados exige una metodología precisa en la que, además de las estrictas partidas para conciertos educativos al uso -que son confusas en numerosas comunidades, como en Madrid, donde aparecen como becas y ayudas al estudio-, se consideren los gastos educativos comunes: generales de gestión, inspección, becas, educación compensatoria, servicios complementarios, gastos municipales, etc., que, de no ser así se cargan exclusivamente en la enseñanza pública. Por eso, el reciente informe de la Federación de Enseñanza de CCOO en el que se analizan las repercusiones de la crisis en la educación advierte del descenso de la inversión por alumno en los centros sostenidos con fondos públicos, que entre 2099 y 2011 ha sido del 9,7% a nivel de Estado.

Sin embargo, ha concluido el plazo de cinco años para aplicar la LOE sin que se haya avanzado en estas cuestiones. De hecho la constitución de la mesa tripartita permanece bloqueada, lo que facilita la proliferación de estudios e informes sobre el coste por alumno en las enseñanzas pública y concertada cuyo objetivo es influir en las políticas educativas de las comunidades autónomas. Se trata de trabajos interesados y poco rigurosos, cuyos cálculos obvian elementos importantes que inciden en los costes reales, en unos casos porque se concentran en los gastos de mantenimiento de los centros, eludiendo los laborales, para demostrar que no es bueno para las familias; y en otros, porque omiten una serie de partidas del gasto público que son comunes a ambas redes educativas.

Con todo ello se pretende que, en la actual situación de crisis, se extienda la idea de lo positiva que sería la ruptura del actual equilibrio entre las redes educativas, potenciando la enseñanza concertada, por ser más barata. En definitiva, estos supuestos “informes” solamente sirven para crear confusión y conflictos, mientras ocultan la realidad de unos recortes presupuestarios que se ceban especialmente con la enseñanza pública.

Ante este clima de confusión, la Federación de Enseñanza de CCOO exige que finalicen de inmediato los trabajos pendientes, a fin reconducir una situación que resulta determinante para las políticas educativas de las comunidades autónomas.