El sindicato ha presentado en rueda de prensa un informe sobre la financiación de la educación universitaria en España que evidencia el deterioro de la universidad pública debido, principalmente, a la insuficiente financiación y al auge de las universidades privadas en las dos últimas décadas y en el que se constata que la financiación cayó 14 puntos porcentuales en términos reales desde el año 2009.
En la presentación del informe, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha subrayado que “estamos ante un contexto de crecientes intentos de privatización o concertación de servicios públicos esenciales, en el que diversas voces alertan sobre el impacto que estas medidas tienen en la fragmentación social”. Sordo ha denunciado que esta situación no se limita al ámbito universitario, sino que se extiende a la formación profesional, el sistema sanitario e incluso al modelo público de pensiones. “Todo esto responde a una estrategia coherente de privatización progresiva en sectores clave, lo que llevará a una sociedad más segregada y desigual”. Por ello, “desde CCOO hacemos un llamamiento a la resistencia tanto sindical como social para defender la esencia de los servicios públicos”.
Sordo ha destacado que “aunque nuestro país ha alcanzado un alto nivel de cualificación, el mercado laboral no ofrece empleos acordes a esta formación”. El 55,6% de los jóvenes entre 25 y 30 años tienen estudios superiores, pero la mayoría de los empleos ofertados no se corresponden con la formación adquirida, lo que evidencia un problema estructural en el tejido productivo español. “En lugar de aprovechar la inversión formativa para generar empleos de mayor calidad y mejores salarios, muchas personas con estudios superiores se enfrentan a la precariedad y la sobrecualificación”, ha señalado Sordo.
“El sistema educativo público sigue enfrentando una falta de financiación estructural, especialmente en la formación superior. Mientras el discurso meritocrático justifica las desigualdades heredadas, la realidad muestra que sin una inversión suficiente en educación pública, la brecha social se perpetúa y la movilidad social se ve seriamente limitada”, ha asegurado.
Junto a Unai Sordo, han intervenido la secretaria de Participación Institucional y Movimientos Sociales, Carmen Vidal, el secretario general de la Federación de Enseñanza, Francisco García, y Alicia Martínez Pozas, coautora del informe e investigadora del Área de Relaciones Laborales y Políticas Públicas de la Fundación 1º de Mayo.
Para Carmen Vidal “la situación de la universidad pública española es crítica”, debido fundamentalmente a dos factores: por un lado, la insuficiente financiación por parte de las administraciones públicas –especialmente desde las comunidades autónomas- y, por otro, por el extraordinario auge de las universidades privadas en las últimas dos décadas. Según el informe, de las 91 universidades actualmente en funcionamiento, 50 son públicas y 41 privadas, lo que supone el 45% del total.
Vidal ha exigido “que se adopten medidas urgentes porque, de lo contrario, en pocos años el panorama de la educación superior será radicalmente distinto al que han conocido generaciones anteriores”, al tiempo que ha denunciado que este proceso “responde a una estrategia de privatización encubierta, donde la infrafinanciación de las universidades públicas juega un papel clave en la expansión de la educación privada”.
A pesar de que España cuenta hoy con más estudiantes universitarios que nunca, la universidad pública ha perdido un 18% de su alumnado. Para Vidal “este fenómeno no es casual, sino el resultado de políticas que debilitan el acceso a la educación pública y refuerzan la oferta privada” y ha señalado la preocupación de organizaciones y colectivos ante las consecuencias de este modelo “que amenaza con profundizar las desigualdades y transformar la universidad en un espacio cada vez más inaccesible para muchos sectores de la sociedad”.
La investigación hecha pública por CCOO detalla que la matrícula de estudiantes en grados y másteres en universidades públicas ha disminuido un 18% desde 1999, lo que se traduce en una pérdida de uno de cada cinco estudiantes en los últimos 25 años, con la consiguiente transferencia a las universidades privadas, especialmente en el ámbito de la educación a distancia, donde la universidad pública solo cuenta con la UNED, en contraste con las seis universidades privadas que tienen esta modalidad. Así, las matrículas en universidades privadas han crecido un 368 % desde 1999, especialmente en programas de máster no presenciales. El número de matrículas en másteres privados creció un 69% desde el curso 2015-2016, con un aumento considerable en los programas a distancia.
Por su parte, Francisco García se ha referido al mapa que traza el informe en el que se dibuja un escenario en el que la universidad pública pierde peso frente a la privada por la falta de financiación pública, lo que se traduce también en que la pública oferte un número inferior de plazas al de solicitudes de primera opción en todas las ramas de grado. Por ello, ha apuntado que en el curso anterior, el 23/24, el número de solicitudes de primera opción fue de 475.569, casi el doble del número de plazas públicas presenciales ofertadas, 245.956.
Según el informe, en 2021, el gasto público en educación superior en España fue del 2,19 %, una cifra por debajo del promedio de la OCDE (2,72 %) e incluso de la Unión Europea, con el 2,44 %. Asimismo, el gasto total por estudiante de las instituciones de educación superior en 2021 fue de 14.432 euros, un 23,6 % inferior a la media de la OCDE (18.900 €) y un 21,8 % por debajo del dato de la UE (18.465 €).
Desde CCOO se ha pedido que la financiación pública, en todas sus modalidades, se destine a las universidades públicas, y que se regule por ley un mayor nivel de exigencia de los requisitos requeridos para la creación y funcionamiento de las universidades privadas. Para CCOO, la implementación de estas medidas debería pasar por una moratoria en la creación y reconocimiento de nuevos centros o universidades privadas.
Como ha señalado Alicia Martínez Pozas el informe señala que la infrafinanciación provoca que cada vez más las universidades públicas dependan de las tasas de matrícula como mecanismo de compensación, lo que coloca una mayor carga económica sobre estudiantes y familias que, sumado a la escasez de becas, se traduce en un aumento de la desigualdad. Al respecto, esa desigualdad también se reproduce en las propias tasas, con grandes variaciones en los precios de los créditos universitarios entre comunidades autónomas. Así, las tasas más altas son las de Madrid, Navarra y Cataluña. En torno al 22% de los ingresos de las universidades públicas de Madrid y del 20% de las de Cataluña provienen de las aportaciones del alumnado, frente a la media española que se sitúa en el 13,5 %.
El acceso equitativo a la educación superior es una condición necesaria para no ahondar en las desigualdades que se van generando en etapas educativas previas y avanzar en la igualdad de oportunidades. Para CCOO, la educación superior universitaria es un servicio público que debe estar garantizado por las universidades públicas con una financiación adecuada, suficiente y previsible en el tiempo que cubra el 100% de sus necesidades básicas para poder dar cumplimiento a sus obligaciones con la sociedad.
El informe concluye que para asegurar la accesibilidad, las tasas universitarias deberían seguir reduciéndose para facilitar el acceso y reducir la segmentación de clase existente en los distintos niveles de estudios y las distintas comunidades autónomas. Y, a su vez, reclaman incrementar y ampliar las becas y ayudas económicas para cubrir matrículas, materiales, manutención y transporte, asegurando que los recursos estén al alcance de todo el alumnado que lo requiera.
