El pasado viernes 2 de julio de 2021 finalizó la negociación de dos acuerdos en Mesa General de Empleados Públicos con las tres organizaciones sindicales presentes (CSIF, UGT y CCOO), sobre carrera profesional y fondos adicionales, acuerdos que se formalizarán en los próximos días.
En relación a la CARRERA PROFESIONAL, el acuerdo no es fructífero en materia de educación, ya que pone de manifiesto de nuevo la exclusión de los docentes en la aplicación de una Ley que los deja en una situación de pérdida de derechos. Este borrador de acuerdo plasma lo establecido en la Ley 7/2019, de 19 de marzo, de implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, incorpora la modalidad de carrera profesional horizontal para todos los empleados públicos de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus organismos autónomos, que en su artículo 3 establece que “el personal funcionario docente deberá optar entre la carrera profesional horizontal o los sexenios en los términos que se determinen en el desarrollo reglamentario.”
Las tres organizaciones sindicales nos opusimos en el momento de tramitación de dicha norma a esta obligatoriedad de elección contemplada en una Ley que ha salido adelante a espaldas de los representantes de los trabajadores, trasladando a todos los grupos parlamentarios nuestras demandas, vía enmiendas en las Cortes Generales de Castilla y León. La negativa frontal a eliminar la obligatoriedad de elección, que seguiremos exigiendo, se intentó paliar con un compromiso de subida de la cuantía de los sexenios, cuyas retribuciones están a la cola del resto de Comunidades Autónomas.
En el último texto presentado, tras un proceso arduo de negociación, se contempla esta subida del tercer, cuarto y quinto sexenio, pues es el tramo en el que se acusa más la pérdida de poder adquisitivo que supone para los docentes de mayor edad de esta Comunidad al tener que elegir entre carrera profesional y sexenios. Se procura así atenuar un mal menor, comprometiendo en este acuerdo la subida que se negociará en el ámbito educativo, pero partiendo de una realidad que nos parece absolutamente inadmisible y contra la seguiremos luchando.
Por ello, no podemos felicitarnos en el sector docente en tanto en cuanto se refrenda en el texto la elección de los docentes entre sexenio, complemento estatal que costó mucho conseguir, y carrera profesional. Este es el momento para insistir en nuestro rechazo a esta Ley ya que seremos la única Comunidad Autónoma que perderemos un complemento ante la elección de carrera profesional.
Desde las tres organizaciones sindicales en este proceso negociador se ha solicitado a la Consejería de Educación una mayor concreción sobre este incremento de los sexenios, así como mecanismos que permitieran equilibrar el desfase que se puede producir con la implantación de la carrera, sin éxito, a la espera de concretarlo en la Mesa Sectorial de Educación. Hemos manifestado nuestro desacuerdo y malestar ante esta actitud, que deja entrever que su intención no será otra que negociar en otros ámbitos una escasa subida de sexenios y con condiciones que nos alejan del resto de los Empleados Públicos. Lucharemos para que no sea así.
El segundo acuerdo al que se llegó en el seno de la Mesa General de Empleados Públicos sí nos satisface anunciarlo.
Tras un proceso de negociación largo y difícil, hemos logrado el cobro de los FONDOS ADICIONALES para todos los empleados/as públicos de forma lineal y consolidable. Veremos una subida salarial en 2022 en nuestro complemento específico.
Después de mucho tiempo se ha logrado recuperar lo que es de todos/as: los fondos adicionales derivados del II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, de marzo de 2018, suscrito en la Mesa General estatal por las organizaciones sindicales que tienen representación en la misma (CSIF, UGT y CCOO).
Así, llevábamos años exigiendo la subida de la masa salarial contemplada en el Acuerdo nacional: un 0,2% para el año 2018; un 0,25 % para 2019; y para 2020 un 0,30 %.
El importe de estos fondos adicionales en materia educativa incluido en el acuerdo tiene esta distribución:
o 2018: 1.870.071,05 €
o 2019: 2.399.066, 87 €
o 2020: 2.980.299,82 €
Esto supone más de 7 millones de euros. Con la aplicación de este acuerdo, veremos en torno a 250 euros anuales más en nuestras nóminas.
A esto si podemos decir ¡POR FIN!
Os seguiremos informando.
