La pandemia pone en evidencia que la salud laboral y la salud pública son derechos que deben priorizarse por encima de cualquier otro
CCOO y UGT, con motivo del 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, destacan que la pandemia ha evidenciado la asociación indisoluble de la salud laboral y la salud pública, y la debilidad de la prevención de riesgos laborales en España. Ambos sindicatos consideran que tras la COVID-19 la salud y la seguridad de las personas trabajadoras debe convertirse en un eje central en las relaciones laborales y en las políticas económicas.
CCOO y UGT han elaborado un manifiesto en el que afirman que este 28 de abril no puede ser como el de otros años, pues nos enfrentamos a una crisis sanitaria mundial, como no se recordaba desde hace más de un siglo, que ha llevado a los sistemas sanitarios más allá de sus límites, ha paralizado gran parte de la actividad económica y, lo que es más grave y doloroso, se ha llevado miles de vidas solo en España.
Por eso, el recuerdo de este 28 de abril es para esas víctimas, para sus familiares, y amigos y compañeros y compañeras de trabajo, pero también para las personas trabajadoras, que aún a riesgo de su salud, han dado la batalla a esta enfermedad en primera línea.
Son los trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales como, por ejemplo: sanitarios, transportistas, trabajadores del campo, dependientes, trabajadores y trabajadoras de la limpieza, cuidadores y cuidadoras, personal de los cuerpos del orden y seguridad del Estado. Todos ellos, han demostrado la importancia de la clase trabajadora para garantizar el funcionamiento de nuestra sociedad.
Ambos sindicatos consideran que la pandemia ha puesto de manifiesto una realidad: la salud laboral es indisociable de la salud pública. De hecho, los contagios en el ámbito laboral y en los desplazamientos vinculados han sido importantes vectores de propagación del virus.
Han quedado en evidencia las políticas que pretenden priorizar los beneficios empresariales sobre otros derechos prioritarios como son la salud y el trabajo, en unas condiciones dignas. Así, las políticas de austeridad impuestas para abordar la crisis de 2008 arrasaron los derechos sociales y laborales. Fruto de estos recortes se diezmaron los servicios públicos, que ahora se revelan imprescindibles, como la sanidad pública. También se redujeron las inversiones en prevención de riesgos laborales en las empresas y de financiación de políticas públicas activas en materia preventiva.
La consecuencia fue clara: peores condiciones de trabajo, mayor precariedad laboral, y un repunte, en la última década de los accidentes de trabajo, y de las enfermedades profesionales, aunque sigue existiendo una infradeclaración de las mismas.
La prevención es un derecho, no un negocio
En el manifiesto las organizaciones sindicales destacan que, desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hace 25 años, se ha desvirtuado la prevención y, en muchos casos, se ha contemplado como un negocio, no como un derecho, al externalizarse su gestión. Además, se han evidenciado también los vacíos institucionales y la escasa actuación pública para regular mínimamente “el mercado de la prevención” y acabar con su mercantilización.
Así, aunque los servicios de prevención son indispensables para la organización de las actividades preventivas en las empresas, en muchos casos han mostrado limitaciones para minimizar las exposiciones al virus. El papel de los servicios de prevención ajenos ha sido escandaloso, ya que no han desarrollado, ni antes, ni por supuesto ahora, una verdadera prevención en las empresas, sino que se han limitado a tramitar la documentación requerida con el fin de cumplir, a efectos meramente formales, con la normativa.
Algunas demandas:
Tanto CCOO como UGT consideran que para lograr la plena integración de la salud laboral en la salud pública es precisa una mayor coordinación entre los departamentos de sanidad y de trabajo, tanto en la Administración General del Estado, como en las CCAA. Sin embargo, en lugar de reforzar las instituciones que deberían liderar ese proceso, como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha reducido su plantilla.
Además, la escasez de inspectores de trabajo pues España tiene una de las ratios más baja de Europa, ha dificultado sobremanera la atención a las denuncias que personas trabajadoras y sindicatos hemos presentado.
A esto se añade otro obstáculo: el criterio seguido por el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ha renunciado a paralizar actividades por riesgo grave e inminente de contagio ante el coronavirus o a proponer sanciones en una mayoría de situaciones.
Pese a todas estas barreras ambos sindicatos seguirán trabajando para afrontar esta crisis sanitaria y continuarán denunciando donde sea preciso y exigiendo el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. En este sentido, ponen en valor la acción de los miles de delegados y delegadas de prevención y los comités de seguridad y salud.
Por último, señalan que tras la COVID-19 la salud y la seguridad de las personas trabajadoras debe convertirse en un eje central en las relaciones laborales y en las políticas económicas. Para ello, es necesaria la capacidad de movilización del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. No podemos consentir que el sistema económico se contraponga a lo importante, que es la salud y la vida de las personas trabajadoras.
