Los recursos destinados al sector educativo se han ido reduciendo paulatinamente desde 2010.
El Gobierno, en la propuesta que ha realizado al ECOFIN (órgano formado por los Ministros de Finanzas y Economía de la Unión Europea, que supervisa las políticas fiscales y presupuestarias de los países miembros), contempla reducir aún más el porcentaje del PIB dedicado a gasto público educativo. La inversión se recortaría 4.000 millones de euros más, pasando a situarse por debajo del 4% en 2015. Esto supondría volver a los niveles de inversión de 1987, un año en el que la población escolarizada y el nivel educativo tenían poco que ver con la actualidad.
Este recorte, de una quinta parte de la cuantía de los fondos públicos, está siendo acompañado de un incremento similar en el gasto privado educativo, que del 0,8% del PIB se aproxima al 1%. Ambos porcentajes, el público por defecto y el privado por exceso, se alejan de la media de la UE e impiden ejercer el papel que, para alcanzar la debida igualdad de oportunidades, debe tener el derecho a la educación.
En los Presupuestos para 2014 del Ministerio de Educación no se contempla ninguna partida específica para la implantación de la LOMCE, que este curso afectará a alrededor de millón y medio de alumnos (de 1º, 3º y 5º de Primaria y de 1º de FP Básica). Y la financiación específica posterior (la de FP Básica) ha sido considerada insuficiente e inasumible por las autonomías, por lo que la aplicación de la nueva ley se hará -en la medida que suponga gasto, en este primer curso- a costa de los fondos con los que se financian los otros cursos o etapas, con lo que se resentirán aún más. Hay que recordar que los fondos del llamado Sistema de Garantía Juvenil (Real Decreto-ley 8/2014) no han llegado al sistema educativo.
