A pesar de la masiva movilización de la Comunidad Educativa, unánime en el rechazo a la Ley Wert, con dos huelgas generales y una larga campaña de manifestaciones, a pesar del descrédito del propio Ministro, el Gobierno, contra todo y contra todos, finalmente aprobó la LOMCE y ahora se dispone a empezar a aplicarla
Por ahora no hemos sido capaces de pararlos y ello puede instalarnos en una sensación de derrota. Sin embargo resignarnos sólo va a facilitar un mayor deterioro de la enseñanza pública y de nuestros derechos. Por eso, hay que apostar por la continuidad de la protesta, por la defensa de la calidad de cada una de las escuelas públicas y por el impulso del cambio político
Mantener la resistencia exige, en primer lugar, que permanezca viva la lucha, y para ello contamos con el compromiso de todos los grupos de oposición de paralizar, de forma inmediata, la aplicación de la LOMCE, derogarla y elaborar una ley que cuente con el consenso de la comunidad educativa, compromiso que suponga que la Educación es una cuestión de Estado y no de partido.
Exige, igualmente, que los sindicatos, las AMPAS y sus Federaciones, las/os estudiantes, y el conjunto de la ciudadanía, debatamos, cómo materializar la resistencia a la LOMCE, y emplacemos, además, a las fuerzas políticas a que se comprometan con un proyecto que restituya derechos y el papel de la educación pública.
Para nuestra Federación de Enseñanza es fundamental mantener un proceso de movilización y alternativa a la política de recortes del PP que debe concretarse también en CyL y ser tan contundente, unitaria y sostenido como seamos capaces de organizar, con, por ejemplo, campañas contra del desmantelamiento encubierto de la enseñanza pública en el medio rural, iniciativas por la vuelta a las sustituciones gestionadas desde el primer día de baja o reivindicaciones de nuevos centros públicos, sobre todo en el alfoz de las ciudades.
Esta presión contra la LOMCE tiene diversas vertientes para CCOO:
La vertiente jurídica, se ha iniciado ya, con diferentes recursos de inconstitucionalidad. La presentación por parte de la FECCOOCyL de un escrito a la Mesa de las Cortes, para que las fuerzas políticas allí representadas presentasen un recurso de inconstitucionalidad, es un emplazamiento a las fuerzas políticas para que se comprometan con un proyecto que restituya derechos y el papel de la educación pública. Recurso de inconstitucionalidad contra la educación diferenciada por sexos, los conciertos educativos a centros que segregan por sexo, la incorporación de expertos con dominios en lenguas extranjeras como profesorado en programas bilingües o plurilingües sin acceder en condiciones de igualdad, mérito, capacidad y publicidad o, entre otras cuestiones, las competencias de directoras/es para poder adaptar los recursos humanos de los centros educativos en aras de la calidad.
No vamos a parar ahí sino que seguiremos utilizando todos los resquicios posibles para ralentizar la Ley, como pueden ser los recursos al Tribunal Supremo con efecto suspensivo sobre los Reales Decretos, todo ello con el objetivo de que la Ley pueda ser revertida con la menor tensión posible.
La vertiente institucional, implica no aceptar la tentación del mal menor, como lo sería pactar el desarrollo legislativo de una Ley que nace muerta. Es más coherente emplazar a la Consejería de Educación a que anteponga los intereses del alumnado castellano-leonés a los del beneficio privado y no aplique aspectos de una Ley que se quiere desarrollar de forma improvisada, a trompicones y sin financiación. En esa tara nos esforzaremos en el Consejo Escolar de Castilla y León, que debe informar de los Decretos Autonómicos, que el Partido Popular está desarrollando con la misma inusitada rapidez con la que tramitó la ley. Las prisas revelan falta de confianza en la aceptación social de un modelo que está abocado a la derogación en cuanto se produzca un cambio político. En ese mismo sentido trabajaremos en la Mesa Sectorial de Educación haciendo frente a los daños colaterales, para el profesorado, de una Ley elaborada sin él y contra él.
En la Comisión de Conciertos haremos públicos nuestros criterios sobre las peticiones que, para concertar unidades, dirigen las empresas privadas. A pesar de las facilidades que da la LOMCE, CCOO va a seguir exigiendo a la Consejería de Educación, que no se concierten unidades cuando, en la misma zona, las necesidades de escolarización puedan ser satisfechas por centros públicos y además, como consecuencia de dicha concertación, se puedan suprimir unidades o puestos de trabajo de profesorado en la enseñanza pública. El curso pasado un estudio de nuestro sindicato demostró que la Consejería de Educación, estaba pagando dos veces por lo mismo, primero por clases de centros públicos que no están llenas y después por unidades concertadas, algunas de las cuales, resultaron ser objetivamente innecesarias. De hecho existían 16.781 plazas vacantes de Infantil y Primaria (tomando como referencia un máximo de 25 alumnos por aula) y 8004 de ESO en centros públicos. La Junta empezó el año pasado a darnos la razón, ya que, uno de los motivos para no conceder una unidad de concierto es La baja ratio alumnos/unidad escolar y la oferta de puestos escolares sostenidos con fondos públicos.
La resistencia a la LOMCE debe tener también una vertiente laboral, movilizándonos contra las medidas que impliquen pérdida de empleo (la compactación de la oferta de materias de Bachillerato puede suponer, en España, según cálculos de nuestro sindicato, 2.534 profesores menos), o más contratos precarios y a media jornada.
La LOMCE puede provocar, además, un ERE al profesorado de asignaturas que la Ley considera Marías. Para evitarlo proponemos que en implantación el próximo curso, de 1º, 3º y 5º de primaria, en el bloque 2º de áreas específicas, se oferte únicamente Educación Artística y 2ª lengua extranjera, de manera que no se provoquen desajustes en las plantillas actuales.
El impacto laboral de la LOMCE va a ser también muy significativo en el sector del Personal de Servicios Educativos y Complementarios (PSEC), al recorte de salarios y derechos se une el recorte del empleo público, restando la participación y el rendimiento en los centros de trabajo, y al mismo tiempo degradando aún más sus condiciones laborales.
La privatización afectará a cada vez a un número mayor de trabajadoras y trabajadores, servicios como limpieza y comedor escolar, vigilantes, etc. La amenaza de la privatización o recorte de jornada se cierne a todas las categorías profesionales con el consiguiente aumento de la precariedad de las condiciones laborales. Se ha reducido la duración de los contratos y el número de horas de trabajo en relación a la jornada ordinaria establecida en el convenio, aumentando también el número de profesionales que tienen que itinerar y compartir centros de trabajo.
Al avance en la precariedad en el empleo contribuye de manera importante la dificultad para la cobertura de vacantes y bajas médicas con personal interino, muy restringida a bajas de larga duración y tan sólo en algunas categorías profesionales.
La LOMCE trae más privatización que será más acusada que la que actualmente está llevando el ejecutivo regional. Hemos de recordar que las plantillas de personal de servicios educativos complementarios llevan ya más de cuatro años sin oferta de empleo público, lo que está generando un grave deterioro del empleo.
Dentro ya de una vertiente netamente curricular, consideramos que si la Consejería de Educación quisiera recuperar los temas transversales que desaparecen con la LOMCE: igualdad, respeto a la educación afectivo-sexual (que la Ley del Aborto pretende trasladar a la Consejería de Sanidad), derechos sociales, participación democrática, cooperación o espíritu crítico, podría introducirlos en el desarrollo autonómico de los nuevos currículos.
En lo que a la FECCOOCyL respecta, seguiremos trabajando en las campañas de matriculación parar que las familias además de matricular a sus hijas/os en centros públicos y no matriculen a sus hijas e hijos en la clase de religión.
En una vertiente más inmersa en los centros educativos, CCOO considera que el poder que la LOMCE da a los directores rompe los principios de igualdad, mérito y capacidad, otorgándoles además, atribuciones en materia de contratación del profesorado. La FECCOOCyL luchará por evitar que dichas atribuciones supongan un perjuicio al profesorado definitivo de los centros, o al profesorado interino, contratado en una lista ordenada por méritos objetivos.
La renovación de los cargos directivos que finalizan este mismo año, se va a hacer en un proceso de selección en el que más la mitad de la ponderación la tenga la Administración educativa, con lo que ello conlleva de pérdida de democracia de los centros y de participación de la Comunidad Educativa. También este aspecto será objeto de lucha para nuestra Federación.
Mención especial merece la Formación Profesional Básica (FPB), otro de los cambios que pretende introducir la LOMCE, el próximo curso, en la sustitución de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), a la que se accederán jóvenes de 14 ó 15 años, a los que se renuncia, en la práctica, a recuperar del fracaso escolar. Ciclo educativo que se quiere introducir también con prisas e improvisación que pueden provocar falta de seguridad jurídica y un cierto caos en el comienzo de curso en este nivel educativo.
La FPB va a estar, además, dotada de todavía menos medios que los PCPI: el número de alumnos en PCPI está fijado actualmente en un máximo de 20, pudiendo tener incluso una ratio máxima es menor. Sin embargo para la FPB se pretende fijar las mismas ratios máximas de la Educación Secundaria Obligatoria, 30 alumnos por aula con carácter general que impiden el desarrollo normal de la enseñanza en grupos con dificultades.
La FECCOOCyL considera prioritario informarse e informar de las consecuencias de la implantación de la FPB, en especial sobre lo poco creíble que es que la Administración vaya a poner en marcha dos cursos de la FPB cuando en la práctica sólo hay uno de PCPI: ¿De dónde va a salir el dinero para pagar al nuevo profesorado y de dónde el coste de las instalaciones?
Creemos necesario, también, advertir sobre la posible no sustitución de PCPI con ratios bajas, en especial en zonas rurales, que se convertirían en las paganas de dicha ampliación.
La resistencia, y también la unidad con las familias y el alumnado que se da en el movimiento en defensa de la educación pública, deben ser trasladadas a los centros educativos. La participación en la vida de colegios e institutos es fundamental para defender la educación pública y evitar el deterioro que supone la LOMCE. Debe servir para generar propuestas medibles que sirvan para hacer frente a los efectos concretos de los recortes y de una Ley como la LOMCE, compendio de lo que ya era una política educativa clasista, privatizadora y retrógrada. Por todo ello, nuestro sindicato estará presente en los centros educativos, para recoger, estudiar, poner en práctica y trasladar todas las propuestas que nos presente tanto el profesorado como el personal de servicios a la vez que informaremos de las nuestras.
Por último, y dentro también del rechazo que la FECCOOCyL manifiesta a las medidas privatizadoras de la LOMCE, vamos a exigir a la Consejería de Educación la gestión pública de los comedores escolares. Son varios los motivos, entre ellos, por mandato de la propia LOMCE que recoge la necesidad de una dieta sana para el alumnado, dieta que no proporcionan los catering actuales, con comida de alto contenido en grasas que destroza la alimentación de nuestras/os hijos.
Podemos constatar el ahorro económico que supone esta gestión pública; además, no podemos olvidar que los comedores escolares cumplen una labor social, facilitando la conciliación de la vida familiar y laboral y ayudando a las familias con menores recursos mediante la concesión de becas de comedor.
Estamos en una época de carencias de todo tipo y quizás las/os alumnos sean los que peor parte se llevan, en muchos casos, ni siquiera cubren las necesidades alimentarias básicas diarias por lo que el comedor escolar debe de suplir esta necesidad de este sector de la población, facilitando el acceso a este servicio por parte de la Junta de Castilla y León.
Una integración gratuita para aquellos casos de más necesidad, y con una red de ayudas para las/os demás niños que accedan al servicio.
Igualmente, la repercusión que en el ámbito territorial pueden ejercen este tipo de actividades en pequeñas empresas que anteriormente surtían de productos a los centros educativos y que en la actualidad se ven abocadas a desaparecer por la privatización de estos a multinacionales que ofertan comida congelada y no de productos de la zona, es otra de las razones por las que propugnamos esta gestión pública. Estos negocios fijan población y serían una fuente de creación de empleo, tan necesario en estos días.
Valladolid, 10 de marzo de 2014.
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Por ahora no hemos sido capaces de pararlos y ello puede instalarnos en una sensación de derrota. Sin embargo resignarnos sólo va a facilitar un mayor deterioro de la enseñanza pública y de nuestros derechos. Por eso, hay que apostar por la continuidad de la protesta, por la defensa de la calidad de cada una de las escuelas públicas y por el impulso del cambio político
Mantener la resistencia exige, en primer lugar, que permanezca viva la lucha, y para ello contamos con el compromiso de todos los grupos de oposición de paralizar, de forma inmediata, la aplicación de la LOMCE, derogarla y elaborar una ley que cuente con el consenso de la comunidad educativa, compromiso que suponga que la Educación es una cuestión de Estado y no de partido.
Exige, igualmente, que los sindicatos, las AMPAS y sus Federaciones, las/os estudiantes, y el conjunto de la ciudadanía, debatamos, cómo materializar la resistencia a la LOMCE, y emplacemos, además, a las fuerzas políticas a que se comprometan con un proyecto que restituya derechos y el papel de la educación pública.
Para nuestra Federación de Enseñanza es fundamental mantener un proceso de movilización y alternativa a la política de recortes del PP que debe concretarse también en CyL y ser tan contundente, unitaria y sostenido como seamos capaces de organizar, con, por ejemplo, campañas contra del desmantelamiento encubierto de la enseñanza pública en el medio rural, iniciativas por la vuelta a las sustituciones gestionadas desde el primer día de baja o reivindicaciones de nuevos centros públicos, sobre todo en el alfoz de las ciudades.
Esta presión contra la LOMCE tiene diversas vertientes para CCOO:
La vertiente jurídica, se ha iniciado ya, con diferentes recursos de inconstitucionalidad. La presentación por parte de la FECCOOCyL de un escrito a la Mesa de las Cortes, para que las fuerzas políticas allí representadas presentasen un recurso de inconstitucionalidad, es un emplazamiento a las fuerzas políticas para que se comprometan con un proyecto que restituya derechos y el papel de la educación pública. Recurso de inconstitucionalidad contra la educación diferenciada por sexos, los conciertos educativos a centros que segregan por sexo, la incorporación de expertos con dominios en lenguas extranjeras como profesorado en programas bilingües o plurilingües sin acceder en condiciones de igualdad, mérito, capacidad y publicidad o, entre otras cuestiones, las competencias de directoras/es para poder adaptar los recursos humanos de los centros educativos en aras de la calidad.
No vamos a parar ahí sino que seguiremos utilizando todos los resquicios posibles para ralentizar la Ley, como pueden ser los recursos al Tribunal Supremo con efecto suspensivo sobre los Reales Decretos, todo ello con el objetivo de que la Ley pueda ser revertida con la menor tensión posible.
La vertiente institucional, implica no aceptar la tentación del mal menor, como lo sería pactar el desarrollo legislativo de una Ley que nace muerta. Es más coherente emplazar a la Consejería de Educación a que anteponga los intereses del alumnado castellano-leonés a los del beneficio privado y no aplique aspectos de una Ley que se quiere desarrollar de forma improvisada, a trompicones y sin financiación. En esa tara nos esforzaremos en el Consejo Escolar de Castilla y León, que debe informar de los Decretos Autonómicos, que el Partido Popular está desarrollando con la misma inusitada rapidez con la que tramitó la ley. Las prisas revelan falta de confianza en la aceptación social de un modelo que está abocado a la derogación en cuanto se produzca un cambio político. En ese mismo sentido trabajaremos en la Mesa Sectorial de Educación haciendo frente a los daños colaterales, para el profesorado, de una Ley elaborada sin él y contra él.
En la Comisión de Conciertos haremos públicos nuestros criterios sobre las peticiones que, para concertar unidades, dirigen las empresas privadas. A pesar de las facilidades que da la LOMCE, CCOO va a seguir exigiendo a la Consejería de Educación, que no se concierten unidades cuando, en la misma zona, las necesidades de escolarización puedan ser satisfechas por centros públicos y además, como consecuencia de dicha concertación, se puedan suprimir unidades o puestos de trabajo de profesorado en la enseñanza pública. El curso pasado un estudio de nuestro sindicato demostró que la Consejería de Educación, estaba pagando dos veces por lo mismo, primero por clases de centros públicos que no están llenas y después por unidades concertadas, algunas de las cuales, resultaron ser objetivamente innecesarias. De hecho existían 16.781 plazas vacantes de Infantil y Primaria (tomando como referencia un máximo de 25 alumnos por aula) y 8004 de ESO en centros públicos. La Junta empezó el año pasado a darnos la razón, ya que, uno de los motivos para no conceder una unidad de concierto es La baja ratio alumnos/unidad escolar y la oferta de puestos escolares sostenidos con fondos públicos.
La resistencia a la LOMCE debe tener también una vertiente laboral, movilizándonos contra las medidas que impliquen pérdida de empleo (la compactación de la oferta de materias de Bachillerato puede suponer, en España, según cálculos de nuestro sindicato, 2.534 profesores menos), o más contratos precarios y a media jornada.
La LOMCE puede provocar, además, un ERE al profesorado de asignaturas que la Ley considera Marías. Para evitarlo proponemos que en implantación el próximo curso, de 1º, 3º y 5º de primaria, en el bloque 2º de áreas específicas, se oferte únicamente Educación Artística y 2ª lengua extranjera, de manera que no se provoquen desajustes en las plantillas actuales.
El impacto laboral de la LOMCE va a ser también muy significativo en el sector del Personal de Servicios Educativos y Complementarios (PSEC), al recorte de salarios y derechos se une el recorte del empleo público, restando la participación y el rendimiento en los centros de trabajo, y al mismo tiempo degradando aún más sus condiciones laborales.
La privatización afectará a cada vez a un número mayor de trabajadoras y trabajadores, servicios como limpieza y comedor escolar, vigilantes, etc. La amenaza de la privatización o recorte de jornada se cierne a todas las categorías profesionales con el consiguiente aumento de la precariedad de las condiciones laborales. Se ha reducido la duración de los contratos y el número de horas de trabajo en relación a la jornada ordinaria establecida en el convenio, aumentando también el número de profesionales que tienen que itinerar y compartir centros de trabajo.
Al avance en la precariedad en el empleo contribuye de manera importante la dificultad para la cobertura de vacantes y bajas médicas con personal interino, muy restringida a bajas de larga duración y tan sólo en algunas categorías profesionales.
La LOMCE trae más privatización que será más acusada que la que actualmente está llevando el ejecutivo regional. Hemos de recordar que las plantillas de personal de servicios educativos complementarios llevan ya más de cuatro años sin oferta de empleo público, lo que está generando un grave deterioro del empleo.
Dentro ya de una vertiente netamente curricular, consideramos que si la Consejería de Educación quisiera recuperar los temas transversales que desaparecen con la LOMCE: igualdad, respeto a la educación afectivo-sexual (que la Ley del Aborto pretende trasladar a la Consejería de Sanidad), derechos sociales, participación democrática, cooperación o espíritu crítico, podría introducirlos en el desarrollo autonómico de los nuevos currículos.
En lo que a la FECCOOCyL respecta, seguiremos trabajando en las campañas de matriculación parar que las familias además de matricular a sus hijas/os en centros públicos y no matriculen a sus hijas e hijos en la clase de religión.
En una vertiente más inmersa en los centros educativos, CCOO considera que el poder que la LOMCE da a los directores rompe los principios de igualdad, mérito y capacidad, otorgándoles además, atribuciones en materia de contratación del profesorado. La FECCOOCyL luchará por evitar que dichas atribuciones supongan un perjuicio al profesorado definitivo de los centros, o al profesorado interino, contratado en una lista ordenada por méritos objetivos.
La renovación de los cargos directivos que finalizan este mismo año, se va a hacer en un proceso de selección en el que más la mitad de la ponderación la tenga la Administración educativa, con lo que ello conlleva de pérdida de democracia de los centros y de participación de la Comunidad Educativa. También este aspecto será objeto de lucha para nuestra Federación.
Mención especial merece la Formación Profesional Básica (FPB), otro de los cambios que pretende introducir la LOMCE, el próximo curso, en la sustitución de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), a la que se accederán jóvenes de 14 ó 15 años, a los que se renuncia, en la práctica, a recuperar del fracaso escolar. Ciclo educativo que se quiere introducir también con prisas e improvisación que pueden provocar falta de seguridad jurídica y un cierto caos en el comienzo de curso en este nivel educativo.
La FPB va a estar, además, dotada de todavía menos medios que los PCPI: el número de alumnos en PCPI está fijado actualmente en un máximo de 20, pudiendo tener incluso una ratio máxima es menor. Sin embargo para la FPB se pretende fijar las mismas ratios máximas de la Educación Secundaria Obligatoria, 30 alumnos por aula con carácter general que impiden el desarrollo normal de la enseñanza en grupos con dificultades.
La FECCOOCyL considera prioritario informarse e informar de las consecuencias de la implantación de la FPB, en especial sobre lo poco creíble que es que la Administración vaya a poner en marcha dos cursos de la FPB cuando en la práctica sólo hay uno de PCPI: ¿De dónde va a salir el dinero para pagar al nuevo profesorado y de dónde el coste de las instalaciones?
Creemos necesario, también, advertir sobre la posible no sustitución de PCPI con ratios bajas, en especial en zonas rurales, que se convertirían en las paganas de dicha ampliación.
La resistencia, y también la unidad con las familias y el alumnado que se da en el movimiento en defensa de la educación pública, deben ser trasladadas a los centros educativos. La participación en la vida de colegios e institutos es fundamental para defender la educación pública y evitar el deterioro que supone la LOMCE. Debe servir para generar propuestas medibles que sirvan para hacer frente a los efectos concretos de los recortes y de una Ley como la LOMCE, compendio de lo que ya era una política educativa clasista, privatizadora y retrógrada. Por todo ello, nuestro sindicato estará presente en los centros educativos, para recoger, estudiar, poner en práctica y trasladar todas las propuestas que nos presente tanto el profesorado como el personal de servicios a la vez que informaremos de las nuestras.
Por último, y dentro también del rechazo que la FECCOOCyL manifiesta a las medidas privatizadoras de la LOMCE, vamos a exigir a la Consejería de Educación la gestión pública de los comedores escolares. Son varios los motivos, entre ellos, por mandato de la propia LOMCE que recoge la necesidad de una dieta sana para el alumnado, dieta que no proporcionan los catering actuales, con comida de alto contenido en grasas que destroza la alimentación de nuestras/os hijos.
Podemos constatar el ahorro económico que supone esta gestión pública; además, no podemos olvidar que los comedores escolares cumplen una labor social, facilitando la conciliación de la vida familiar y laboral y ayudando a las familias con menores recursos mediante la concesión de becas de comedor.
Estamos en una época de carencias de todo tipo y quizás las/os alumnos sean los que peor parte se llevan, en muchos casos, ni siquiera cubren las necesidades alimentarias básicas diarias por lo que el comedor escolar debe de suplir esta necesidad de este sector de la población, facilitando el acceso a este servicio por parte de la Junta de Castilla y León.
Una integración gratuita para aquellos casos de más necesidad, y con una red de ayudas para las/os demás niños que accedan al servicio.
Igualmente, la repercusión que en el ámbito territorial pueden ejercen este tipo de actividades en pequeñas empresas que anteriormente surtían de productos a los centros educativos y que en la actualidad se ven abocadas a desaparecer por la privatización de estos a multinacionales que ofertan comida congelada y no de productos de la zona, es otra de las razones por las que propugnamos esta gestión pública. Estos negocios fijan población y serían una fuente de creación de empleo, tan necesario en estos días.
Valladolid, 10 de marzo de 2014.
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